Con la participación de funcionarios que dominan el cabécar, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) reforzó la estrategia de atención presencial y cultural a 1.313 habitantes indígenas del distrito de Chirripó, en el cantón de Turrialba, ante la emergencia por el COVID.

Pese a la pandemia, la institución no ha podido suspender las giras, debido a la imposibilidad de brindar atención virtual en los sitios más alejados, donde no hay acceso a internet, conocimiento de dispositivos tecnológicos y ni siquiera electricidad.

El equipo de atención del IMAS en este territorio es liderado por Yossebeth Coto Astorga -cogestora-, Arenides Salguera, profesional en Desarrollo Social que atiende en la zona, y Gabriela Murcia, quien trabaja como asistente social y es la única funcionaria de Turrialba de origen indígena cabécar.

Para atender la afectación por la emergencia del COVID-19, el IMAS identificó a 51 familias que ya recibieron el subsidio de emergencias, sumando una inversión de ₡26 millones. Asimismo, personal de la institución, junto con la Municipalidad, han coordinado esfuerzos para repartir comestibles en la comunidad.

Entre los programas con mayor cobertura en esta población, están Avancemos y Crecemos. En el caso de Avancemos, entre el 2019 y el 2020 se beneficiaron 341 estudiantes de secundaria, con una ejecución presupuestaria de ₡136.9 millones.  Por su parte, Crecemos, en el mismo periodo benefició a 656 escolares, con un presupuesto ejecutado de ₡242.1 millones.

Para ofrecer la atención, en el distrito de Chirripó el IMAS cuenta con un espacio multifuncional de cosmovisión el “Centro de Capacitación Indígena”. Ahí se llevan a cabo los procesos socioeducativos y socioproductivos con las familias beneficiarias y el personal realiza la atención primaria y brinda las citas calendarizadas. De esta forma, la población consigue un mayor acceso a la oferta programática institucional.

Bajo esta modalidad, cada profesional se organiza con la cantidad de familias para atender por día, que llegan a ser unas 25 o 30 solo en el Centro de Capacitación Indígena.

En otros lugares del territorio indígena, los funcionarios coordinan con el director del centro educativo, hacen la convocatoria limitada a una persona por familia, desinfectan el salón, marcan la distancia, exigen lavarse las manos como parte de la dinámica de ingreso, ofrecen mascarillas para quienes no la llevan, y antes y después de cada atención se limpia el espacio físico.

Este protocolo y el trabajo diario del personal del IMAS en la zona, protege a todas las personas.

Un profesional, una asistente y una cogestora hacen la diferencia

Yossebeth Coto acepta los retos como parte de su vida. Ella es cogestora de Turrialba, conoce el territorio, lo camina, lo escala y enfrenta las dificultades físicas para llegar a cada una de las familias indígenas que atiende la programación del IMAS.

El distanciamiento impuesto por la emergencia nacional COVID-19 se vuelve un reto en esta zona. En el trabajo de campo sabe que debe tomar en cuenta las medidas sanitarias preventivas para hacerlo de forma segura para las personas que atenderá y para ella. “El trabajo en territorio indígena es un reto físico. El acceso es complicado, la logística de transporte y alimentación es difícil, hay que protegerse del clima y animales, pero la barrera más grande es el idioma que ella está aprendiendo”, reconoce.

Arenides Salguera, profesional en Desarrollo Social que atiende en la zona, estudió cabécar en la Universidad de Costa Rica y ha investigado su cultura y costumbres a través de enseñanza de personas indígenas con cargos culturales, denominados “mayores”.

Gabriela Murcia también es parte del equipo. Trabaja como asistente social, es la única trabajadora de Turrialba de origen indígena cabécar, habla la lengua, conoce la cultura, costumbres y su trabajo es muy valioso traducciones e interpretaciones.

Los tres valoran la importancia de hablar y entender el cabécar para facilitar una atención que se asimile a profundidad. Por ello, el equipo se esfuerza en reducir la distancia cultural que generaría una exclusión de los beneficios, sobre todo en capacitaciones o talleres, donde se atienden dudas sobre los programas, el tiempo de permanencia en los mismos y recepción de transferencias monetarias, entre otras.