El crecimiento de la pobreza en nuestro país habla del impacto que la pandemia, y el consecuente desempleo han tenido sobre las condiciones de vida de los hogares. La cifra de 1.5 millones de habitantes en situación de pobreza es una realidad dolorosa que impacta la atención de necesidades básicas de las familias, pero también afecta la convivencia de nuestra población. Además, refiere a la importancia de fortalecer el sistema de protección social costarricense, así como las estrategias de reactivación segura de los empleos y las actividades económicas.

“Sin el compromiso social que el país desplegó mediante la implementación el Bono Proteger, entre otras transferencias en el marco de la emergencia, el impacto de la pandemia sobre el nivel de pobreza por ingresos habría sido 4 puntos porcentuales mayor a lo reflejado por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2020), según los datos del INEC”.  

Así lo aseguró Juan Luis Bermúdez Madriz, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidente ejecutivo del IMAS, al referirse a los resultados de la encuesta presentados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que indican que 419.783 hogares (26,2%) se encuentran en dicha situación.

La encuesta refleja el efecto del desempleo generado por la pandemia en los ingresos de estos hogares costarricenses, y por tanto una incidencia directa en el aumento del índice de pobreza.

El ministro agregó que, “paralelamente, el acceso a la atención de servicios en salud, educación, vivienda y protección social, han permitido que la pobreza multidimensional y la desigualdad no aumentaran significativamente este año en medio de la crisis”.

“La historia nos ha enseñado que la peor deuda que puede acumular una sociedad frente a una crisis es el déficit de compromiso social. Por ello, el país ha realizado un esfuerzo enorme para sostener y ampliar los niveles de inversión social y proteger a las familias en mayor vulnerabilidad”, afirmó el jerarca.

Inversión social ante la pandemia

La mayor incidencia positiva para las familias se ha dado con el Bono Proteger, beneficio que nació en la emergencia y que en los últimos meses ha realizado cerca de 2 millones de pagos a más de 700 mil personas que se han visto afectadas por la reducción de sus ingresos económicos en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Esto no es poca cosa, hablamos de carencias repentinas producto de la crisis y con ello, de la necesidad de entender que más allá de los números, se trata de personas, cuyos hogares necesitan alimento en su mesa y otras necesidades básicas

Esto fue complementado con una expansión de todos los programas sociales para ampliar coberturas de los programas alimentarios, cuidados y apoyos de personas con discapacidad, adultas mayores o en situación de calle. Además, la elaboración de protocolos, ha permitido evitar la suspensión de los procesos de atención y mantener a la institucionalidad cerca de las nuevas y múltiples necesidades de las familias.

Sin considerar dicho programa, la inversión en familias atendidas por IMAS ha crecido en 18.39% en comparación con el 2019.  En esta línea, es importante destacar que la Estrategia Puente al Desarrollo, basada en la atención integral de las familias en situación de pobreza extrema, es uno de los eslabones mediante los cuales, se logró mantener el acceso a servicios básicos y condiciones estructurales de los hogares. Gracias a esto, aún en el contexto de la crisis sanitaria y socioeconómica, la pobreza multidimensional no aumentó.

Para direccionar estas respuestas institucionales en el marco de la pandemia ha sido determinante el uso de la evidencia técnica y científica, mediante Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE), permitiendo que los programas del Estado lleguen de forma directa a los hogares más pobres del país.

El ministro Bermúdez indicó que “el Gobierno de la República tiene claro que la asistencia social es necesaria pero no es suficiente. Su efecto se extingue tempranamente sino trabajamos al mismo tiempo en un proceso de generación de capacidades, recuperación de la actividad económica, de los empleos y los emprendimientos”.

Principales acciones

El jerarca se refirió así a las principales acciones que lleva adelante el Sector Social del Gobierno:

• 19 mil hogares, principalmente liderados por mujeres, se están incorporando a la Estrategia Puente al Desarrollo y trabajarán en los próximos años bajo un marco de protección social, formación y servicios sociolaborales.
• El sistema educativo ha volcado las pizarras en pantallas de computadoras y televisores para mantener activo el proceso educativo de niñas, niños y jóvenes. Trabajamos para duplicar en un año la cobertura de la conexión a internet y dispositivos del Programa Hogares Conectados, y llegar rápidamente a más de 146 mil nuevas familias.
• Proteger como programa de transferencias temporales durante emergencias se está transformado con apoyo del MTSS y el INA, para que las personas que no hemos podido atender con transferencias monetarias, cuenten con nuevas alternativas de capacitación, formación e intermediación para el empleo, y que también podamos llevar apoyo al sector más afectado, el turismo y sus pequeñas y medianas empresas. Para ello, se requiere la pronta aprobación de un préstamo por parte de la Asamblea Legislativa.
• Cierre de una institución como FONABE para generar ahorros, y se canalizan ya los recursos de la contribución solidaria de pensiones de lujo (aproximadamente unos 12 mil millones al año) para pensiones del régimen no contributivo, y tenemos un marco estratégico para seguir previniendo, mitigando y resolviendo los impactos sociales y económicos en los próximos meses.
• Impulso de un nuevo modelo de gestión compartida que llama Costa Rica trabaja y se cuida, para volver a despertar -al amparo de protocolos sanitarios- el empleo en cada rincón del país.

“Estas acciones van encaminadas a resguardar derechos e impulsar la reactivación. Salir juntos y juntas de esta crisis, sin dejar a nadie atrás, no es un tema opcional, es un imperativo ético al cual todos los actores sociales estamos convocados en este momento de nuestra historia”, concluyó el ministro Bermúdez.