“Hoy más que nunca los recursos para luchar contra la pobreza son urgentes, la aprobación de la reforma fiscal nos permitirá tener fondos asegurados para continuar atendiendo a las familias. Los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) nos demuestran que la desigualdad se mantiene en el país y esto afecta directamente el bienestar de quienes viven en situación de pobreza y pobreza extrema”, aseguró la Ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y Presidenta Ejecutiva del IMAS, María Fullmen Salazar, tras recibir los datos de la encuesta 2018.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó este jueves que, según la Encuesta Nacional de Hogares, en Costa Rica el 21,1% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, lo que representa un aumento de 1,1 punto porcentual, respecto al 2017.

La única región de planificación del país que registra disminución en los niveles de pobreza estadísticamente significativos es la Pacífico Central, donde según la Encuesta Nacional de Hogares, la pobreza bajó en 4,2 puntos porcentuales con respecto al año 2017. En esta zona del país 19.160 personas salieron de la pobreza, con lo que se revierte la tendencia al alza que se observó desde el 2014, cuando se registraba que la pobreza estaba presente en cerca del 30% de los hogares, para este 2018, el dato se reduce al 25,7%.

Tal cosa es consistente con un aumento del 4,74% en el ingreso por persona en el Pacífico Central. En otras palabras, los habitantes de esta región en el último año recibieron en promedio 13.293 colones más. Con respecto al ingreso promedio por hogar este pasó de 750.185 colones en el año 2017 a 804.126 colones en el 2018.  

Sobre el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que resume la incidencia y la intensidad de la pobreza, para el año 2018 se mantiene en 5,1. Respecto a las privaciones que tienen los hogares en situación de pobreza multidimensional en Costa Rica (vivienda y uso de internet, salud, educación, trabajo y protección social) la encuesta muestra que 12 de los 19 indicadores analizados a nivel de los hogares, han disminuido, la mayoría relacionados con salud, educación, vivienda y uso de internet.

“Estamos viendo las consecuencias de no aprobar la reforma fiscal. La economía se desacelera, aumenta el desempleo y crece la incertidumbre de los inversionistas, todo ese panorama sombrío nos obliga a una pronta aprobación del plan fiscal que permita darles confianza a los mercados, controlar la inflación e incentivar la reactivación económica. Es claro que los efectos en la disminución en la inversión generada por la situación fiscal del país ocasionan despidos para las personas trabajadoras asalariadas, principalmente aquellas con menor escolaridad, lo que aumenta el empleo informal impactando a los hogares con ingresos más bajos”, indicó el Viceministro de Hacienda Nogui Acosta.

La reforma fiscal que impulsa el Ejecutivo además plantea un mecanismo de compensación que consiste en asignar al Sistema de Pensiones del Régimen No Constitutivo al menos un 15% del total recaudado con el 1% a la canasta básica, que representa aproximadamente ₡4.925 millones al año. Esto permitirá un aumento de 3.500 nuevas pensiones para personas adultas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema. Lo que según las estimaciones disminuiría la pobreza extrema en 0,3 puntos porcentuales.

A pesar de la difícil coyuntura fiscal y económica del país, el Estado costarricense continúa cumpliendo con las familias en mayor situación de vulnerabilidad social y económica. Según la ENAHO los subsidios estatales y becas presentan un aumento de 5,9 %, pasando de ₡18.393 a ₡19.472 mensuales en el 2017 y 2018 respectivamente, lo que se considera un cambio estadísticamente significativo.

El Estado continúa invirtiendo más en zonas rurales cuando se trata de subsidios y becas para las familias en mayor situación de vulnerabilidad. Según la ENAHO, los subsidios estatales y becas aportan un 1,4 % en la urbana, mientras en la rural alcanza el 4,1 %.

 “El compromiso de esta Administración en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social es total. El trabajo interinstitucional se fortalecerá con el fin de promover el empleo con enfoque territorial, no sólo buscando más y mejor inversión en zonas rurales, sino que también trabajando de la mano con las poblaciones más vulnerables para promover capacidades que les permitan insertarse de lleno al mercado laboral y con ello salir de la pobreza”, dijo la Ministra Salazar.